Acelerar proyectos exige acelerar decisiones

Por Samuel Toro, Socio Gerente de SYM

• La reciente aprobación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Ley N° 21.770) abrió una discusión relevante para la minería y, especialmente, para regiones como Antofagasta. La normativa busca reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de 380 permisos sectoriales, pertenecientes a 37 servicios y 16 ministerios.

martes 28 de julio de 2026

Si logra ese objetivo, estaremos frente a una oportunidad concreta para acelerar proyectos estratégicos, como las iniciativas de desalación, y fortalecer la competitividad del sector.

Pero existe una pregunta que suele quedar fuera de la conversación: ¿están las organizaciones preparadas para tomar decisiones al ritmo que exige este nuevo escenario?

Es necesario ser preciso sobre qué resuelve la ley y qué no. La Ley 21.770 ataca la tramitación administrativa: estandariza permisos, permite tramitación paralela y fija plazos máximos con silencio administrativo positivo. No interviene en el trámite ambiental propiamente tal ni en la judicialización de las RCA ante los Tribunales Ambientales, que ha sido, en la práctica, uno de los principales factores de incertidumbre en plazos de grandes proyectos mineros. Reducir el tiempo de 380 permisos sectoriales es una ganancia real, pero no elimina el riesgo de que un proyecto quede detenido meses o años por una impugnación judicial. Ese riesgo depende de decisiones muy distintas: cómo se gestiona la relación con las comunidades, cómo se anticipan observaciones técnicas y cómo se construye la evidencia ambiental desde el diseño del proyecto, no solo en la etapa de tramitación.

Ahí es donde la capacidad interna de decisión sí importa, y donde probablemente estará el próximo cuello de botella. Las mineras cuentan hoy con una enorme cantidad de datos operacionales, ambientales, climáticos y sociales. Sin embargo, disponer de más información no garantiza necesariamente mejores decisiones. Muchas veces los datos existen, pero permanecen dispersos entre distintas áreas, sistemas o equipos, dificultando la capacidad de anticiparse y responder oportunamente a los desafíos, tanto en la gestión del proyecto como en la relación con la autoridad y las comunidades.

La gestión del agua es un buen ejemplo de esta doble exigencia. La desalación aparece cada vez con más fuerza como solución frente a la creciente presión sobre los recursos hídricos continentales. Pero desarrollar esa infraestructura requiere, además de un marco regulatorio más ágil, coordinar múltiples actores y tomar decisiones complejas en plazos acotados, con información que hoy rara vez está consolidada en un solo lugar.

Por eso, la competitividad de la minería ya no dependerá únicamente de la calidad de los recursos, de la incorporación de nuevas tecnologías o de una tramitación más rápida. Dependerá también de la capacidad de conectar información dispersa, comprender riesgos con anticipación y tomar decisiones oportunas en un entorno cada vez más dinámico y con menos margen regulatorio para el error.

Y si hay un lugar donde esta conversación resulta especialmente relevante, es Antofagasta. La región concentra algunas de las inversiones mineras más importantes del país y será protagonista de gran parte de las transformaciones que marcarán el futuro de la industria.

Porque acelerar proyectos es una buena noticia, y la Ley 21.770 es un paso concreto en esa dirección. Pero para aprovechar plenamente esa oportunidad, también será necesario acelerar, dentro de cada organización, la capacidad de comprender escenarios, anticipar desafíos —incluidos los que la nueva ley no resuelve— y tomar mejores decisiones.

Enviado a través de Meddia